Las
y los representantes gremiales se reunieron en la tarde del jueves con
Hung, quien estuvo acompañada de Ana Jaimes, directora de Planificación y
Presupuesto y Guillermo Sánchez, consultor jurídico, ambos del
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu). En
el encuentro trataron, en un ambiente de confianza y respeto, los
aspectos puntuales de este conflicto que ha generado acciones de calle y
paro de las actividades académicas en las universidades autónomas y en
algunas experimentales.
La
autoridad de la Opsu expuso que es importante ese reconocimiento de la
responsabilidad que tienen las autoridades universitarias en todos esos
problemas. “Pasaron un correo donde hicieron un resumen de lo que fue la
reunión y terminan expresando que “la culpa es de las universidades y
sus autoridades. Seguimos en conflicto”. Precisó que los sindicatos
“entendieron que no tenemos responsabilidad en ese particular”; y que,
por el contrario, el Mppeu constantemente ha atendido la demanda de
todos los gremios, sin discriminación alguna.
Entre
los temas abordados destacan la instalación de una comisión técnica
para la discusión de las normas de homologación, que de acuerdo a la
postura de los agremiados debe ser instalada entre miembros del Consejo
Nacional de Universidades (CNU) y de la Fapuv. Sobre ese particular,
Hung reiteró la ilegalidad de esa petición que implica un aumento
salarial para un determinado sector de la población universitaria.
Recordó el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que deja sin efecto
esa norma.
Mala praxis universitaria
El
tema de la previsión social también estuvo en agenda. Al respecto,
explicó que las propias universidades no formulan en el presupuesto esos
recursos, es decir, no piden ese dinero. “No es posible que si el
patrono, los rectores, no le solicitan al Estado el recurso para cumplir
algunas cláusulas, definitivamente, el Estado no se los puede dar”.
Calificó
esta situación como “mala praxis” universitaria, ya que las autoridades
de las casas de estudio formulan el presupuesto excluyendo la previsión
social. Citó como ejemplo el caso de la Universidad Central de
Venezuela, institución a la que se le agotaron los recursos para el pago
del bono de alimentación, “se le acabaron porque sólo los formularon
para tres meses”, es decir, no cumplió con la directriz del Mppeu de
establecer la partida que corresponde para asegurar los sueldos y
salarios y los demás beneficios de los trabajadores.
“Igual
es mala praxis no formular lo que necesitan para el HCM, de manera que
los recursos les alcanza para un trimestre, entonces cuando se les
acaban los recursos, tiran los trabajadores a la calle”, agregó. En ese
sentido, los instó a ser transparentes en este tema y a decir la verdad.
Los
representantes de las federaciones sindicales también preguntaron por
la deuda generada por concepto de la diferencia del bono vacacional y el
de aguinaldo del año 2010 por diferencia en el número de días. En estos
casos, la adjunta a la Dirección de la Opsu reiteró el compromiso de la
ministra Córdova de que se pagará antes del mes de julio. No obstante,
volvió a enfatizar: “No podemos enviar los recursos si las universidades
no envían la data completa”. Además, exigió que rindan cuenta del pago
de este mismo concepto del año 2009 para saber si el recurso que le
enviaron les alcanzó, les sobró o les faltó.
Ratificó
que se pagará esta diferencia del bono vacacional y el de aguinaldo
correspondiente al año 2010, pero “sólo a las universidades que hayan
rendido cuenta sobre el uso que le dieron a los recursos del año 2009,
entonces puede haber sorpresas”.
Seguridad social
El
tema del seguro social es otro punto que a los agremiados les sigue
preocupando. En ese contexto, Hung informó que el despacho universitario
viene trabajando desde hace año y medio con las universidades en mesas
técnicas y con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; del
trabajo de esas mesas ya han surgido los primeros resultados concretos,
un primer lote de obreros jubilados de la UCV empezó a cobrar la pensión
este mes de junio. “Tuvimos que organizar una anarquía de tal magnitud,
como por ejemplo, una universidad con 35 números de cuenta patronales,
de manera que el Ivss estaba absolutamente desorientado de lo que estaba
pasando. En este particular, a los representantes de los gremios se les
dieron instrucciones precisas para seguir avanzando en ese aspecto.
“Estamos
tratando de organizar a aquellas instituciones que sí cotizan en el
seguro social y limpiar las cuentas de manera que todos los trabajadores
del sector gocen de este beneficio”. Recalcó que con dos universidades
en particular el proceso será más difícil, como es el caso de La
Universidad del Zulia (LUZ) y la de Los Andes (ULA), ya que en estas
instituciones nunca se ha cotizado al Ivss, sino que lo han hecho a
través de sus institutos de previsión social, estructuras que las
universidades han creado paralelas a las del Estado.
Otro
punto que acaparó la atención en el encuentro fue el de los pasivos
laborales (prestaciones sociales y sus intereses). Al respecto, la
funcionaria dijo que hacen el mayor esfuerzo para obtener la data
completa a través de las historias laborales, “pero no ha sido posible”.
Explicó que, en el mejor de los casos, las universidades que han
cargado la data lo han hecho con muchísimos errores. Para darle respaldo
a sus palabras puntualizó que de los 33 mil expedientes que han
recibido, aproximadamente 16 mil presentan errores.
Recordó
que desde la cartera universitaria se han dictado talleres, visitado a
las academias, “y todavía no nos entregan la data completa”. Dejó claro
que el Gobierno Bolivariano tiene la voluntad política y los recursos
financieros para honrar la deuda. Finalizó este punto diciendo: “De este
tema no podremos volver a hablar hasta tanto no entreguen la data”.
Sobre
el aumento salarial, Hung dijo que no tiene información que ofrecerle,
lo que sí les explicó es que el Mppeu ha hecho escenarios sobre el
impacto que generaría un posible aumento de salario con diferentes
porcentajes de incremento, “y los tenemos listos” para cuando las
autoridades competentes lo determinen.
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